El pasado 5 de febrero, y durante 10 días, el gobierno puso a consulta pública la propuesta de “Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental”, como base para sustituir, en gran parte, el Reglamento General de Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del año 2004, así como todo el conjunto de instrumentos que se han oficializado, mediante decretos ejecutivos, y agrupados como Manual de EIA.
Esta propuesta de Reglamento representa una amenaza muy grave para todo lo que tiene ver con la protección del ambiente y debe encender todas las alarmas de la sociedad costarricense, pues, aunque se plantea como de “modernización”, en realidad representa un muy grave retroceso, que nos regresaría al menos 20 años en el tema de EIA.
Incorrecta visión: como hemos señalado previamente (ver: www.allan-astorga.com) en el artículo: “SETENA: si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el ambiente (Página Abierta, 15 de marzo del 2017)”; existe una visión incorrecta entre lo que es la SETENA y la EIA, pues no son lo mismo.
La EIA es un modelo de gestión predictivo, cuyo objetivo fundamental es propulsar la sustentabilidad ambiental del país, es decir, una forma de equilibrar el desarrollo socioeconómico del país, con la protección del ambiente y los recursos naturales. Es vital para garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La SETENA, por su parte, es una institución de desconcentración máxima, responsable de administrar la EIA de una manera eficiente y eficaz. Si la SETENA falla, se tiene que tener claro, no significa que el modelo de EIA está fallando. Si la SETENA falla, se tiene que corregir, pero no cambiando la EIA y, con ello, agravando los mecanismos de protección del ambiente.
Y eso es, precisamente, la equivocada línea que sigue esta propuesta de nuevo reglamento de EIA. Para resumir, propone cambiar el modelo actual de EIA dizque para mejorar la SETENA.
Objetivo del cambio de EIA: después de realizar un detallado análisis de la propuesta, es posible concluir que lo que se está haciendo es volver a instalar los denominados “umbrales” o límites, algo que la Sala Constitucional señaló que eran inconstitucionales desde el año 2002. Y, sobre esta plataforma, la propuesta de reglamento debilita por completo del modelo de EIA vigente, cuyo objetivo tiene un claro fin, que es reducir a menos de la mitad la cantidad de expedientes que tramita la SETENA.
Esto no es nuevo, pues la propuesta, en muchos aspectos, tiene sus raíces en una propuesta realizada por la administración Arias Sánchez desde el 2008, cuando el interventor de la SETENA, Jorge Woodbridge, “contrató” los servicios de la exregente ambiental de Crucitas, Sandra Arredondo, para que le elabora un borrador de “nuevo” reglamento de EIA. Sorprende sobremanera que una administración del PAC, que está terminando su gestión, retome una propuesta tan retrógrada y la quiera propulsar, con tan graves consecuencias para el ambiente y para el país.
La forma de “agilizar” la SETENA que establece la propuesta de reglamento es desarrollando umbrales, y creando cuatro categorías de proyectos: de muy bajo, bajo, moderado y alto impacto ambiental. A los de muy bajo impacto los eximen por completo del trámite de EIA. A los de bajo impacto solo les piden que se inscriban, sin que se realice EIA alguna y sin que participe ningún consultor ambiental. A los otros dos se les solicita un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), básico y completo, según su impacto.
Aunque esto podría tener cierta lógica, la misma se pierde cuando se observa la lista taxativa al final de la propuesta. Se puede citar muchos ejemplos, pero indicaremos uno de los más importantes, el de la construcción. En este caso, todas las construcciones menores de 1.500 m2 (que pueden ser hasta pequeños condominios de 10 casas), se consideran, a priori, como de “muy bajo impacto ambiental” y, por tanto, no deben cumplir con trámite de EIA alguno.
Por otro lado, las construcciones de entre 1.500 y 9.000 m2 (condominios y urbanizaciones de hasta 60 o 70 casas) solo tendrían que presentar un formulario de registro, sin realizar trámite ambiental alguno, ni ningún tipo de estudio para determinar si las condiciones de Geoaptitud del terreno (geología, geomorfología, hidrogeología y amenazas naturales), de ingeniería del terreno (geotécnicas, hidrológicas y de riesgo antrópico), de arqueología, de biología, de viabilidad (en zonas urbanas) son aptas para ese desarrollo urbano.
Esto se considera sumamente grave desde todos los puntos en que lo analizamos. En ausencia de planificación y ordenamiento territorial y, sabiendo que en el 95 % del territorio del país sujeto a planificación urbana, lo único que rigen son unos obsoletos reglamentos del INVU en materia de uso del suelo (Fraccionamiento y Urbanizaciones y el de Construcciones), nos damos cuenta que el ya grave problema de localización de urbanizaciones en sitios aptos y seguros, lejos de resolverse, se va a agravar aún más.
Pero el asunto no termina allí, en el tema de Gestión del Riesgo y la búsqueda de Ciudades Resilientes y seguras, esta Propuesta de Reglamento también representa un muy serio peligro. Ahora no solo las casas se estarían construyendo en sitios de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales, sino condominios, edificios y urbanizaciones enteras, algo que parece que no entendemos, a pesar de las relativamente recientes experiencias del Terremoto de Chinchona del 2009, la tragedia de Quebradas Lajas en Escazú en el 2010, y, más recientemente, el Huracán Otto y la Tormenta Nate.
Graves consecuencias: es difícil, en el espacio limitado que tiene un artículo de opinión enumerar toda la enorme serie de inconsistencias que tiene esta propuesta de reglamento de EIA. Por eso, resumo solo algunas:
• Se cambia la definición de la Evaluación de Impacto Ambiental, incluso contra los estándares internacionales, dado que se elimina la evaluación inicial y también el control y seguimiento ambiental de proyectos.
• Se elimina la Viabilidad Ambiental Potencial, con lo cual se retrocede enormemente y se burocratiza aún más el proceso de desarrollo de grandes proyectos, en particular los de concesión de obra pública.
• Se vuelve al sistema de total discrecionalidad del funcionario, pues impulsa la eliminación del Manual de EIA, que fija reglas claras vía decreto ejecutivo y se cambia por un Manual que la SETENA fijará, arbitrariamente y sin consulta, por la vía de la resolución administrativa. Algo que contraviene los términos de la Ley 8220 y generará una gran inseguridad jurídica, dado que la EIA se ejecutará “al gusto” de los funcionarios que en ese momento dirijan la SETENA.
• Se estimulará el desempleo entre muchos profesionales consultores ambientales, dado que cerca del 50 % de los proyectos que hoy hacen EIA, ya no lo harán. Además, se establece un sistema de certificación y acreditación de todos los consultores, con lo cual todavía se les hará más difícil inscribirse y ejercer como tales. Esto, sin resolver la situación de los que ya están inscritos y tienen muchos años de ejercer.
• Sin que exista un declaratoria de emergencia nacional o marco jurídico específico, de forma absolutamente arbitraria, la propuesta de reglamento privilegia a todos los organismos del Estado y sus instituciones, para que desarrollen proyectos, con el mínimo trámite de EIA, violándose así, el Principio de Igualdad.
Se podría seguir con la lista, pues la propuesta de reglamento de EIA planteado es muy, pero muy grave. Algo que debería llamar la atención de todos los costarricenses preocupados por el ambiente y el futuro del país.
Soluciones: como hemos señalado, en el tema de la SETENA “el frío no está en las cobijas”, la solución tiene que plantearse por otro lado. Cambiar el Modelo de EIA y hacerlo más laxo solo agravará aún más los ya difíciles problemas de Sacrificio Ambiental que afectan al país. La solución está en hacer la SETENA más eficiente tal y como lo propusimos en el artículo “SETENA y EIA eficientes: la solución está en nuestras manos” (Página Abierta, 17 de junio del 2017).
Por ahora, lo más recomendable es “archivar” esa propuesta y dejar que la nueva administración de gobierno promulgue los cambios que se requieren para hacer la SETENA más eficiente, y no para sacrificar y dañar más el ambiente y la naturaleza de nuestro país.