El anuncio del pasado lunes 1.° de agosto, por parte del ministro de ambiente, René Castro, sobre la promulgación de un decreto ejecutivo de “moratoria a la explotación petrolera” resulta, a la luz de la coyuntura social del país, altamente decepcionante e incluso riesgoso, en la medida en que socava aún más la ya debilitada credibilidad que tiene una gran parte de sociedad costarricense en las autoridades gubernamentales. El decreto de moratoria hecho público por Casa Presidencial (http://www.casapres.go.cr/web/images/stories/docs/ DECRETOEJECUTIVODE MORATORIAPETROLEO.pdf), presenta ocho considerandos que dejan claro que el país tiene limitaciones para enfrentar el tema, e incluso, pone de manifiesto que el rumbo del país debe estar orientado en el uso de energías renovables y en la meta de la carbono neutralidad.
Pero, también, el mismo primer considerando deja claro que la actividad petrolera en nuestro país se refiere la exploración y explotación de “fuentes y depósitos de petróleo y de cualquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional”, incluyendo dentro de estas últimas el gas natural.
A pesar de esto, en su parte dispositiva, el artículo 1.° del decreto señala que se “declara la moratoria nacional por un plazo de tres años” (hasta el 1.° de agosto del 2014, ¡cuando haya otra administración de gobierno!), y únicamente a las actividades que tengan el propósito de “desarrollar la explotación de los depósitos de petróleo en el territorio nacional”. Interesante cambio semántico con respecto a la terminología usada en el considerando antes citado, que obedece a una clara intención.
Se deja por fuera del decreto “cualquiera otras sustancias hidrocarburadas existentes en el territorio nacional”, lo cual quiere decir, sin lugar a dudas, que la moratoria no tiene implicación alguna a la actividad de explotación de gas natural.
Pero todavía hay más: la moratoria se refiere únicamente a la explotación, de manera que también excluye la exploración de petróleo y gas o cualquier otra sustancia hidrocarburada.
Falsa ilusión. A pesar de que el decreto de moratoria, en primera instancia, parece que deja en suspenso las intenciones de una empresa petrolera extranjera de realizar labores de exploración petrolera en poco más de 9.000 kilómetros cuadrados de la zona norte del país, en realidad, es todo lo contrario.
La forma en que está redactado el decreto no limita de modo alguno que la empresa solicite la firma del contrato, y en el caso de que se firmara, que pudiera hacer exploración de petróleo y gas en la zona norte.
La empresa presiona para la firma de un contrato de exploración y este decreto de ninguna manera frena esta pretensión. Lo único que la limita, y solo por tres años, es que en caso de que encontrara yacimientos de petróleo (hidrocarburos líquidos), no los podría extraer hasta que se venciera la moratoria; es decir, apenas termine esta administración.
La única utilidad práctica que tiene el referido decreto de moratoria es que devela, de forma clara y contundente, la actitud que tiene el Poder Ejecutivo, y en particular el nuevo ministro de Ambiente, respecto a la actividad petrolera en el país y, más grave aún, la forma en que se intenta convencer a la sociedad costarricense de un asunto que, a todas luces, tiene una intención totalmente diferente.
Las autoridades de gobierno deben tener claro que mientras no se firme el contrato, el país y con él todos los costarricenses no estaríamos adquiriendo un compromiso de grave riesgo, en la medida en que, como el mismo decreto señala en sus considerandos, “la dirección que ha tomado Costa Rica ha sido la de alejarse de la industria extractiva”.
Se está dejando de lado que la información de base hecha pública sobre el potencial de hidrocarburos en la zona norte del país, es absolutamente especulativa y no tiene corroboración oficial, técnica y científica, como lo establece la misma Ley de Hidrocarburos. De manera que promover la eventual firma de un contrato bajo estas condiciones, y tomando en cuenta el grado de agitación social que ha generado el tema, resultaría altamente riesgoso para el país.
Un asunto que a todas luces requiere de ser analizado y discutido ampliamente, y sobre todo con calma, pero dentro de una verdadera moratoria a toda la actividad de exploración y explotación petrolera y de gas en el país.
Un primer paso que se esperaba pudiera ser en la dirección correcta, resulta ser, en realidad, un burdo intento de confundir a la opinión pública.