Reactivación de la Minería metálica a cielo abierto es una peligrosa “caja de Pandora”

En razón de la actividad minera ilegal en Crucitas y los acontecimientos publicados en la prensa durante las últimas semanas, se hace necesario hacer una advertencia muy respetuosa a los señores diputados de nuestra Asamblea Legislativa y a la sociedad en general. Esto, por cuanto además de una propuesta de ley para legalizar la explotación minera de oro en Crucitas, hay al menos dos proyectos de ley para reactivar la minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional.

En medio de la situación económica que se ha agravado como consecuencia de la Pandemia por la Covid-19, algunas organizaciones y personas han venido señalando que la explotación minera metálica, principalmente del oro, sería la alternativa para “sacar el país adelante”. Algo que, aunque parece escucharse tentador cuando se habla de toneladas de oro, puede convertirse en un verdadero desastre ambiental para el país, pues se corre el riesgo de abrir una enorme “caja de Pandora”.

Crucitas: como hemos indicado en anteriores ocasiones, la discusión sobre la posibilidad de legalizar la explotación minera de oro en ese lugar fronterizo de nuestro país, en medio de un Arbitraje Internacional sobre el tema, y que puede costar al país cerca de US$ 400 millones, no es para nada recomendable a la luz de los árbitros que tienen que tomar esa decisión.

Se debe recordar que fue el Poder Judicial, tanto por el Tribunal Contencioso Administrativo, como por la Sala Primera el que anuló todos los permisos y autorizaciones que tenía la empresa Industrias Infinito para explotar el oro en Crucitas. El primero señaló que se había dado toda “una orquestación de voluntades” en los trámites de esos permisos. Permisos que derivaron en un grave daño ambiental con la deforestación de cerca de 90 hectáreas de bosque en octubre del 2009 en la zona de Crucitas.

Como consecuencia de todo eso, el país, por medio de su Asamblea Legislativa en noviembre del 2010 modificó el Código de Minería y prohibió la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Legislación que todavía está vigente y que, visionariamente, ha salvado al país de un verdadero desastre ambiental.

Como hemos señalado en diversos foros, el tema de la explotación minera ilegal en Crucitas es complejo desde muchos puntos de vista y requiere una solución de ámbito legal y ambiental, pero no minero. Sobre todo, es un tema de seguridad que requiere ser resuelto en el menor plazo posible y cuyo origen requiere ser investigado con toda profundidad.

La minería ilegal en Crucitas no es caótica y desordenada como la minería ilegal que ocurre en la Amazonía de varios países de América del Sur, sino que es ordenada y da la apariencia de ser planificada, pues lo sitios de explotación minera son precisos para alcanzar los lugares donde más oro se presenta. Algo que no parece ser obra de la casualidad. Como tampoco lo pareciera el hecho de que dicha explotación ilegal se inicie en el año 2017, mientras se hablaba del juicio por el tema de Crucitas y se había iniciado el Arbitraje Internacional por la demanda de Infinito Gold a Costa Rica.

Reactivación de la minería metálica a cielo abierto: el tema de Crucitas ha llevado que un problema puntual que representa 50 hectáreas de daños ambientales producidos por la minería ilegal se pase a hablar de un tema mucho más grande y grave, como lo es, la reactivación de la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional.

Quienes promueven esta “reactivación” lo plantean como una medida para solucionar los problemas económicos del país, algo que tiene poco sustento en razón de que el mayor beneficio económico de una explotación la obtendrían las empresas mineras y no el país, con el agravante de que los daños ambientales producidos por la actividad perdurarían, por mucho tiempo, una vez que el oro se termine y la empresa minera cierre sus operaciones.

Pero el verdadero y muy serio peligro lo representa el hecho de que, al reactivarse esa actividad, también se daría el proceso de prospección y exploración minera. Esta labor geológica que requiere estudios detallados e inversión económica, permite identificar los sitios donde existen yacimientos minerales con potencial de ser explotados. Si esta información técnica “se filtra”, como parece haber sucedido en el caso de Crucitas, podría iniciar una actividad minera ilegal explosiva y prácticamente “infrenable”.

La minería metálica ilegal en la Amazonía, desde hace ya varios años, se ha convertido en un total y completo cáncer destructor de los bosques, la biodiversidad, de los recursos hídricos y el paisaje en varios países de América del Sur. En el caso de Colombia, un informe de la Contraloría General de la República de ese país, de febrero del 2020, señala que el 80 % de la minería metálica es ilegal.

Es claro que esa minería se inicia porque la información de la existencia de los yacimientos pasa a manos inapropiadas y una vez que se ha iniciado la actividad ilegal se inicia un encadenamiento enorme de actuaciones ilegales que incluyen la deforestación, la explotación de personas y el narcotráfico, entre otras consecuencias altamente negativas. Incluso países con ejércitos como Perú, reconocen que están perdiendo la batalla contra la minería ilegal. Así de grave es la situación.

Por eso es que afirmamos que plantear la reactivación de la minería metálica en Costa Rica podría significar abrir una enorme y peligrosa caja de Pandora que si podría representar un enorme y verdadero desastre ambiental que afectaría parques nacionales y reservas indígenas. Si Crucitas se ha convertido en un dolor de cabeza, nos preguntamos, qué significaría entonces tener decenas de explotaciones mineras ilegales en todo el país.

No dudamos que hay diputados de la República que tienen buena fe al considerar esa reactivación de la minería metálica como una supuesta solución a los problemas económicos del país, más, sin embargo, es una decisión sumamente delicada, pues lejos de resolver un problema se puede convertir en todo lo contrario y llevarnos a una situación que nadie desea para Costa Rica.

Por todo ello, se debe meditar mucho la decisión e informarse con detalle de lo que está pasando en América del Sur con la minería metálica ilegal en la Amazonía. Los recursos naturales más importantes de nuestro país, no son los minerales metálicos, ni los hidrocarburos, son sus bosques, la bio y geodiversidad, sus fértiles suelos, sus aguas, sus mares y sobretodo, su gente.

El modelo de desarrollo de nuestro país debe partir del uso sostenible y planificado de estos recursos y no de unos recursos efímeros como los que provienen de la explotación minera o petrolera, que en general, no contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de los países tropicales donde se dan.

Publicación Original Agosto 31, 2020 4:32 am

Ley de Aguas: aguas subterráneas y su gestión sostenible

A propósito del dictamen afirmativo que otorgó la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa a la Ley para la gestión integrada del recurso hídrico (expediente no. 20212) y, con la disposición de ser proactivo en la modernización de este recurso estratégico para el país, en lo que sigue planteo algunas observaciones relevantes a fin de que sean consideradas en la ley que finalmente pueda ser aprobada por el Plenario.

Aclaro que hago estas observaciones después de analizar el proyecto de ley dictaminado y desde una perspectiva absolutamente técnica, sin el deseo de beneficiar o afectar a ningún sector específico de nuestra sociedad. Señalo esto, pues es claro que en el tema de recursos hídricos existe una serie de sectores que tienen intereses y visiones muy diferentes, lo cual hace que la obtención de un criterio de equilibrio no sea sencillo alcanzar. Sin embargo, a opinión del autor, el tema técnico debería ser el que permita acercarse a ese punto de equilibrio.

Las observaciones y sugerencias de mejora del proyecto de ley son las siguientes:

1.- No se contempla un tema estratégico para el país que es el hecho de que son las aguas subterráneas el recurso más importante que debe ser normado. Como hemos señalado, desde el 2003 (ver: www.allan-astorga.com), nuestro país tiene un enorme potencial de aguas subterráneas, tanto en acuíferos someros como profundos. Por ello, la propuesta requiere ser mejorada en esta perspectiva, dado que la gestión de las aguas subterráneas es bastante diferente a la de las aguas superficiales.

2.- Las aguas subterráneas requieren se modeladas geológicamente, con modelos estratigráficos, estructurales y litológicos apropiadamente realizados por profesionales en geología, tal y como establece la Ley del Colegio de Geológicos desde el año 1973. La no consideración de esta realidad técnica ha llevado a que se genere una gran confusión, pues se han gestionado las aguas subterráneas igual que las aguas superficiales, algo que la nueva ley debe resolver de forma eficaz.

3.- La propuesta de ley, al tomar el tema de las aguas subterráneas, con la misma visión de las aguas superficiales, pierde la oportunidad de realizar un efectivo ordenamiento de la gestión de ese recurso subterráneo. Por ejemplo, en la definición de acuífero, no realiza la diferenciación básica de que existen diferentes tipos de acuíferos, empezando por separar los confinados y los acuíferos abiertos o freáticos. La no realización de esta diferenciación ha provocado y seguirá provocando muchos conflictos en el manejo de las aguas subterráneas, lo cual afecta a todos, tanto a los grupos productivos como a los grupos ambientales y comunidades por la confusión que se ha generado.

4.- Se corre el riesgo, también, de perder la oportunidad de caracterizar los manantiales (o nacientes) según sus características hidrogeológicas. En el proyecto de ley, no se separan los brotes de aguas subsuperficial que son muy abundantes en nuestro país, de los verdaderos manantiales que fluyen desde un acuífero. Además, los manantiales requieren ser categorizados, para gestionar su protección de forma proporcional a su caudal. No es lo mismo una salida de agua de 0,1 litro por segundo que uno de 100 litros por segundo.

5.- En el tema de las áreas de protección de los manantiales de los acuíferos, se corre el riesgo de no poder ordenar científicamente el tema, según criterios geológicos e hidrogeológicos. Solamente se transcribe, tal cual, el artículo 33 de la Ley Forestal, como si no hubiese habido avance científico en el tema durante las últimas décadas. Es urgente y necesario, que se establezca en la ley que con el debido estudio hidrogeológico que considere el sentido del movimiento de las aguas subterráneas en el subsuelo, para un acuífero freático, el área que establece el radio de protección puede ser sustituida por un área de captura inmediata o tubo de flujo que establezca el área de protección con el debido criterio científico y de esa forma no se afecte una superficie del terreno (que puede ser hasta un 70 %) como área de protección del manantial que en realidad no se ocupa establecer como tal.

6.- Deseo notar que lo señalado en el punto anterior es fundamental para un país tan rico en aguas subterráneas como nuestro país, ya que existen decenas de miles de manantiales, muchos de ellos todavía no identificados y de allí que, si no se aplica esta medida científica, los conflictos entre el uso del suelo y la protección de los manantiales, lejos de resolverse con la nueva ley, se incrementarán aún más. Aclaro que, en el tema de manantiales que brotan de acuíferos confinados, las reglas de protección son completamente diferentes, pues no se requiere establecer un área de protección como se hace para los manantiales de acuíferos freáticos.

7.- Otra omisión que identificamos en la propuesta de nueva ley de aguas se refiere al tema de la protección de áreas de recarga y de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Como señalamos desde el 2003, cerca del tres cuartas partes del país son áreas de recarga acuífera y casi el 100 % de las actividades productivas (urbanas, agrícolas, industriales, etc.) se dan sobre esas áreas de recarga que también son zonas con diferente tipo de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. En este aspecto, la nueva ley requiere ser moderna y novedosa. Es imprescindible que se tome en cuenta la aplicación de medidas tecnológicas apropiadas para prevenir la contaminación de los acuíferos. Existen muchas medidas tecnológicas que pueden ser establecidas en el reglamento de la ley, pero es indispensable que la ley las mencione. Si esto no se hace, en la práctica, no se estaría dando ningún avance, respecto a la legislación actual. A este respecto la ley debe establecer lineamientos y plazos de transición para que todas las actividades humanas potencialmente contaminantes para que puedan ir readecuando sus tecnologías para proteger las aguas subterráneas, incluyendo las actividades agrícolas y agropecuarias.

8.- En el tema de la administración del recurso, como hemos señalado, centrar toda la gestión, tanta técnica científica como la administrativa en una sola entidad, no deja de ser un riesgo de que, finalmente, la gestión del recurso se politice. Sería ideal que la parte técnica científica estuviera separada dentro de las tareas de un Servicio Geológico de Costa Rica, algo que podría ser previsto en la ley para que el poder del manejo del recurso no se centrara en una sola entidad.

9.- Además, de lo señalado en el párrafo anterior, y considerando la riqueza en recursos hídricos subterráneos y superficiales que tiene el país, se hace necesario dar más participación a los gobiernos locales y sus comunidades. Esto, siempre que se haga con criterios técnicos bien normados por el reglamento de la ley. La participación de los gobiernos locales y sus comunidades, se considera muy importante, dado que la gestión de los recursos hídricos, particularmente, los subterráneos, tanto en áreas de protección de manantiales y cuerpos de agua, como en áreas de recarga y descarga acuífera, afecta directamente el uso del suelo y, en general, la planificación territorial. En este aspecto es vital que las municipalidades cuenten con unidades técnicas para la gestión de los recursos hídricos subterráneos y superficiales de en sus territorios. La descentralización, con reglas bien definidas por un reglamento técnico marco, es clave para que la gestión integrada del recurso funcione.

10.- Finalmente, para no alargar el tema, la reducción de forma absoluta de las áreas operacionales de los pozos a 10 metros de radio, no parece ser una solución apropiada y que aplique a todos los pozos. Pueden existir pozos que extraigan agua de acuíferos profundos y confinados, por lo que el radio de operación podría ser más reducido, mientras que, para acuíferos freáticos, es el caudal de extracción y las características geológicas de las rocas las que permiten establecer ese radio operacional. Se considera que nuevamente, debe dejarse a que sean los estudios técnicos los que establezcan el radio operacional final y no un valor absoluto, definido arbitrariamente y que podría interpretarse como una regresión en la medida de que en la actualidad dicho radio es de 40 metros.

Como se puede ver, la introducción de estas observaciones en el nuevo proyecto de ley no resulta difícil y con ello se podría acercar a una ley mas equilibrada y moderna; así como más balanceada para todos los sectores.

Es criterio del autor que, si se hace necesario modernizar la ley de aguas, pero con un criterio más científico técnico y de allí que haga mi contribución por este medio. Es necesario que nuestro país avance, sobre todo en la actual coyuntura que estamos pasando. Esperemos que nuestra Asamblea Legislativa logre desarrollar una Ley de Aguas avanzada, del siglo XXI, que realmente use la ciencia para proteger y gestionar de forma eficiente uno de los recursos naturales más importantes que tiene nuestro país, principalmente el agua subterránea.

Publicación original Agosto 10, 2020 4:45 am

¿Costa Rica: un país petrolero?

Ante la afirmación del señor Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez E. de que “no hay evidencias científicas de que existan yacimientos de petróleo en el país”; mis colegas de la Comisión de Hidrocarburos del Colegio de Geólogos de Costa Rica han emitido una publicación donde lo intentan desmentir y señalan que: «distintos estudios científicos realizados durante décadas confirmaron un importante y atractivo potencial de reservas de petróleo en Costa Rica».

Nos preguntamos: ¿Quién tiene la razón? ¿De verdad puede haber yacimientos comerciales de petróleo o gas natural en Costa Rica? ¿Y si fuera cierto, eso nos sacaría de la crisis económica en que estamos? Dado que esta información resulta de mucha importancia en el contexto de que en nuestra Asamblea Legislativa se discute, actualmente, un proyecto de ley para prohibir la actividad petrolera en el país, tal y como se hizo hace diez años con la explotación de oro a cielo abierto.

Por eso, vale la pena hacer un análisis de la situación como un insumo para la toma de esa importante decisión. Aclaro que como geólogo tengo la posibilidad técnica de opinar sobre el tema, y también porque trabajé en exploración petrolera en Recope durante 15 años, y además, porque soy especialista en Geología Sedimentaria que es una parte de la Geología que se vincula directamente con la Geología Petrolera.

Yacimientos de hidrocarburos: como he señalado anteriormente (ver: www.allan-astorga.com), en geología petrolera, como en minería, una cosa es el potencial y los yacimientos probables que los yacimientos probados. Estos últimos son los que cuentan, pues todo lo demás es únicamente una posibilidad que tiene que ser demostrada. En el caso de Costa Rica, podemos decir que hay indicios de potencial, pero ni siquiera, después de casi un siglo de exploración petrolera, realizado por empresas petroleras como la Shell y por Recope, junto con PEMEX y PETROCÁNADA, no fue posible encontrar yacimientos probados de hidrocarburos (petróleo o gas natural). Si fuese así, lo hubiésemos estados explotando desde hace décadas.

La confusión se genera cuando al final de la exploración petrolera que realizó RECOPE una empresa norteamericana (Western Atlas), procesó toda la información técnica disponible e hizo proyecciones de potencial. Esto es lo que ha llevado al profesor Carlos Eduardo Roldán Villalobos haya afirmado que en el subsuelo del país hay más de $ 300 mil millones en riqueza petrolera. Lo malo es que eso es absolutamente especulativo y no tiene ningún respaldo científico que demuestre que se trata de yacimientos probados. En esto, el señor ministro tiene la razón.

Ley de Hidrocarburos entreguista: también sobre esto hemos explicado a los costarricenses que la Ley de Hidrocarburos que data del año 1994, es una ley muy entreguista, pues en el remoto caso de que se encontraran yacimientos comerciales de hidrocarburos (petróleo o gas natural), la misma ley establece que la empresa petrolera que lo descubra sería la propietaria de hasta el 85 % del yacimiento. El restante 15 % se le entregaría al país como una regalía. Además, la Ley en cuestión no protege correctamente al país desde el punto de vista ambiental, por lo que, al igual que en la minería metálica, una empresa petrolera no se haría cargo de atender los impactos ambientales residuales negativos, después de que se vaya del país. Eso lo tendríamos que pagar todos los costarricenses.

Como se ve, aunque se haga un gran esfuerzo por activar la altamente costosa actividad petrolera en el país, en el mejor de los casos, nos tocaría solamente el 15 % de la riqueza. El resto del petróleo tendríamos que comprarlo al precio del mercado, tal y como lo hacemos ahora.

Y si de puestos de trabajo se trata, tampoco la ganancia es mucha. Resulta que, con la tecnología actual, se ocupa relativamente poco personal, incluso para las actividades de explotación. Además, al ser un personal altamente especializado es muy probable que la petrolera prefiera a sus propios especialistas que serán extranjeros. En resumen, los beneficios económicos son pocos y estaríamos muy lejos de que nos ayude a resolver nuestros problemas económicos que, por cierto, en el caso de los otros países de América Latina que, si tienen petróleo, se ve que el mismo no les ha ayudado mucho, sino veamos los casos de México, Brasil, Venezuela y Ecuador, por mencionar algunos. Y, por cierto, Costa Rica no es Noruega, como mis colegas del Colegio a veces sugieren.

Turismo y actividad petrolera: es claro que un país donde se lleva a cabo la actividad petrolera desde hace mucho tiempo, también puede ser un país de atractivo turístico. No obstante, un país que es atractivo turístico por su tradición de protección de la Naturaleza como Costa Rica, en caso de dedicarse a la actividad petrolera, es muy probable que tenga mucho más que perder. En esto tiene razón la señora Cristiana Figueres. Costa Rica tiene un modelo de desarrollo, desde el siglo XIX que no se basa en la industria extractivista y eso es algo que nos ha hecho progresar en otros campos e incluso a ser un referente a nivel internacional.

Referente, no solo por proteger la Naturaleza, sino también, por ser líder en energía renovable y descarbonización de su economía. Descarbonización que, hoy más que nunca en la historia, nos obliga a asumirla con total responsabilidad como ejemplo en el mundo, dado los alarmantes valores de contenidos de gases de efecto invernadero que tiene nuestra atmósfera y la Crisis Climática que ya nos está afectando a todos.

En este aspecto, es claro que un país líder en el mundo en el tema de descarbonización y de lucha contra el Cambio Climático, perdería mucho de todo su prestigio si de la noche a la mañana cambia su rumbo y apuesta hacia una industria petrolera que ya está vetusta y en vías de extinción. Se trata de una industria que ya debemos dejar en el pasado, cambiándola por nuevas alternativas de energía más sustentable y menos contaminante.

Publicación original Julio 4, 2020 4:37 am

Tren rápido de pasajeros: avanzamos o seguimos en el pasado

En las últimas semanas se ha abierto un debate sobre el Tren Rápido de Pasajeros vinculado a la solicitud que hace el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que se apruebe un préstamo del BCIE para iniciar su desarrollo. Como producto de eso, se han levantado voces que se oponen y señalan diversos argumentos.

Algunos de esos argumentos cuestionan los estudios de factibilidad técnica que sustentan las propuesta, mientras que otros, aprovechando la situación de emergencia sanitaria en que estamos, y aprovechando la coyuntura política, hasta piden que es mejor financiar la CCSS con ese dinero del tren. Entre esos dos puntos extremos, también se han expuesto diversos argumentos donde incluso se cuestiona si debajo de todo esto no hay un “gran chorizo”.

Breve historia: como consultor a cargo de los estudios ambientales del Plan Regional Urbano y Rural de la Gran Area Metropolitana (PRUGAM) entre el 2008 – 2010 y como coordinador del Estudio de Impacto Ambiental del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) tuve la oportunidad de conocer la historia del proyecto de un tren moderno para la GAM.

Tenemos casi 20 años de estar haciendo estudios de pre y factibilidad para el Tren Eléctrico. Cada vez que se llega a un punto de avance importante, siempre se levantan voces que se oponen y dicen que los estudios están insuficientes y que nos falta hacer más estudios.

Como he escrito en varias ocasiones (ver www.allan-astorga.com) en el 2009 obtuvimos la Viabilidad Ambiental para el proyecto del TREM. Un proyecto menos ambicioso que el actual Tren Rápido de Pasajeros que plantea ahora el INCOFER. De haber seguido con el proyecto, para el 2011 hubiésemos iniciado su construcción, antes que el Metro de Panamá, que sigue avanzando, con todos los altibajos que ha tenido.

Sin embargo, en aquel momento se levantaron los famosos “peros a los estudios” y al final el proyecto no se pudo concretar. En su lugar, hemos estado impulsando un tren del siglo XIX, ruidoso, lento y contaminador del ambiente porque no es eléctrico, sino que quema diésel y emite gases de efecto invernadero.

Ahora, diez años después, nuevamente, cuando se está a las puertas de poder dar un salto cualitativo hacia desarrollar un tren en la GAM que de verdad sea del siglo XXI, no contaminante y que facilite el transporte y la movilidad de más de 200 mil personas de la GAM y, sobretodo, que nos haga sentir orgullosos y conscientes de que estamos haciendo algo por salvar a nuestro planeta, se levantan nuevas voces de cuestionamiento que más que mejorar el proyecto, parece que lo que desean es que nunca se haga.

Los argumentos que se levantan se parecen mucho a los de hace 10 años, cuando se echó por la borda todo el esfuerzo para el TREM. Ahora se trata del Tren Rápido de Pasajeros. Y lo malo es que no se proponen alternativas rápidas de solución. Solo se dice que los números no dan o que simplemente no debería hacerse. El común denominador parece ser la falta de visión de futuro, si es que no existen otros intereses diferentes, como el de mantener el statu quo de seguir usando un aparatoso y contaminante sistema de autobuses que llena y obstruye nuestras calles.

Hora de actuar: los estudios científicos a nivel internacional y las mismas advertencias de la ONU, son claros, la contaminación de nuestra atmósfera terrestre por gases de efecto invernadero se sigue incrementando, incluso, pese a la Pandemia del COVID – 19. Conforme esto suceda, más se incrementa el Calentamiento Global y los efectos de negativos de la Crisis Climática.

La situación ya no está para ponernos a hacer más y más diagnósticos. No hay tiempo. La estrategia de la descarbonización es muy importante que sea acelerada y consolidada.

El Tren Rápido de Pasajeros, además de ofrecer una alternativa moderna y eficiente de transporte para los habitantes de la GAM, es un paso hacia la descarbonización y un paso en la dirección correcta.
Costa Rica, por su tamaño, contribuye poco en las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero por su cultura de protección del ambiente, su contribución a nivel internacional es muy importante. Pasar de un tren ruidoso y contaminante del siglo XIX a un tren moderno, eléctrico y seguro del siglo XXI es una noticia que, en medio de toda esta crisis que estamos pasando, se interpreta como esperanzadora y optimista. Algo que todos necesitamos.

Finalmente, a los que levantan voces en contra del proyecto del Tren Rápido de Pasajeros, con diversos argumentos, solamente les solicito que revisen la historia de lo sucedido hasta ahora y que valoren si, en vez de estar formando parte de la solución y el avance del país, se están convirtiendo en parte del enorme lastre de problemas que impiden a que nuestra nación avance hacia el progreso. En esto, la historia como el tiempo no perdonan.

Publicación original Junio 14, 2020 4:33 am

De la crisis de Crucitas a entregar los recursos mineros a empresas transnacionales

Hemos leído con detenimiento el proyecto de ley de la diputada María Inés Solís Quirós quien reconoce la participación del Colegio de Geólogos de Costa (aunque deberíamos decir que es solamente la de algunos de sus miembros y su Junta Directiva, no necesariamente la de todo el gremio geológico del país).

No cabe duda de que lo que está pasando en Crucitas es un verdadero problema social y ambiental. Es un problema que se ha venido incrementado por diversas razones y cuya solución es compleja, pues parece superar la capacidad del Estado para lograr poner control en esa zona fronteriza tan porosa.

No obstante, aprovechar lo que allí está sucediendo, señalando que el daño ambiental es “inconmensurable” y listar, sin la debida cuantificación y respaldo técnico y científico de estudios bien fundamentados, que lo que está sucediendo en esos 120 Km2 de Crucitas y alrededores donde se está dando la explotación ilegal del oro (que representa 0,002 % del territorio nacional) y una serie de problemas sociales desencadenados por la actividad, resulta una acción desproporcionada y, hasta cierto punto, muy manipuladora de la realidad.

Primeramente, hay que que señalar que un territorio tan despoblado como esa zona de Cutris, en donde se presenta aproximadamente una familia por cada 100 hectáreas, está siendo abandonado por sus residentes por lo que allí está sucediendo, es sobredimensionar el problema con el fin de presentar un escenario que está lejos de la verdad.

En cierto que en Crucitas hay problemas de muchos tipos, pero debemos ubicarlo en su verdadera dimensión, muchos de ellos muy comunes a extensas áreas rurales abandonadas desde hace muchos años por las diversas administraciones.

Ahora bien, partir de ese problema para plantear un proyecto de ley que re-autoriza la minería metálica en todo el territorio nacional, incluyendo nuestros mares patrimoniales, parte de las áreas silvestres protegidas y los territorios indígenas, es una verdadera sobredimensión y oportunista actuación, la cual no ha sido debatida por la sociedad costarricense.

Más todavía si se señala que se le debe dar en concesión a empresas mineras extranjeras cuyo único objetivo es explotar el recurso mineral al menor costo y obtener el mayor beneficio económico de su inversión.

¿Qué tendrán nuestros colegas geólogos mineros en no querer ver el desastre ocasionado por empresas extranjeras en el continente americano y más allá, el robo sistemático de los beneficios y la incapacidad de los Estados de fiscalizar debidamente sus operaciones? 

Tratar de resolver el puntual problema de Crucitas, exponiendo los 550 mil Km2 de nuestro territorio a la explotación minera es absolutamente desproporcionado e inconsecuente. Una verdadera y total ocurrencia con las que nos sorprenden cada cierto tiempo, algunos de los denominados “Padres de la Patria”.

No debemos olvidar que la minería metálica, incluso la realizada industrialmente, con alta tecnología, que por cierto genera muy pocos empleos, es altamente dañina al ambiente en países tropicales como Costa Rica. Daña el bosque, la biodiversidad, el suelo, el agua superficial y los acuíferos.

Esto sin mencionar que también genera problemas sociales en los anillos de pobreza de poblados mineros que se desarrollan en su entorno. De nuevo aquí aparece la misma pregunta: ¿qué no quieren ver de las pésimas experiencias vividas en El Salvador, en Honduras, en Guatemala o en Nicaragua nuestros ocurrentes diputados y mis colegas geólogos? ¿Dónde se ha visto que comunidades centroamericanas hayan salido del subdesarrollo gracias a empresas mineras extranjeras?

La revisión del proyecto de ley deja ver una serie de elementos que no están encaminados a resolver el tema Crucitas que es lo que urge, todo lo contrario, es multiplicarlo por todo el país. Se establece una escala a la minería, pero es engañosa, pues incluso la minería que iba a realizar Industrias Infinito en Crucitas calificaría como de “mediana”, aunque su impacto final, iba a ser muy grande, incluso mayor, por sus dimensiones y riesgos ambientales que los que se están generando en la actualidad con la minería ilegal.

Abrir los territorios de las tribus originales (indígenas) para que las empresas mineras trasnacionales “negocien” con ellos para explotar los recursos mineros metálicos en esos territorios, es abrir una “caja de pandora” que lejos de resolver los problemas sociales que existen, lo agravará muchos más. Al parecer, nadie de los proponentes de la ley se ha interesado por la suerte de comunidades indígenas frente a proyectos mineros en Guatemala o en Honduras.

Sacrificar parte de las áreas silvestres protegidas, como las zonas protectoras de bosque, los humedales o los refugios de vida silvestre no estatales para que sean objeto de explotación minera metálica, por empresas transnacionales, es prácticamente una locura, pues estaría sacrificando zonas de la Ecosfera Terrestre que deben ser protegidas y mejoradas, en medio de una alerta planetaria de la ONU que señala que más bien hay que regenerar y recuperar 100 mil millones de hectáreas de bosques y ecosistemas en todo el planeta.

El mensaje que estaría trasmitiendo al mundo Costa Rica, sería sumamente nefasto y negativo. Algo que jamás debería darse.Para finalizar y consciente de lo que está pasando en Crucitas, se hace indispensable que el Ministerio Público investigue a profundidad cómo empezó esta crisis ambiental y quienes son los verdaderos responsables.No es fácil creer los coligalleros de Abangares o de Osa, o de Nicaragua, pudieran saber dónde estaban, y ello con extrema exactitud, los sitios de mayor ley de explotación, sin que “expertos” en minería y con amplios conocimientos de los resultados de la exploración minera realizada por Industrias Infinito durante muchos años, no les dieran “cierta orientación”.

Creo que hay responsables del inicio de esta grave crisis ambiental y social y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Puede incluso que algunos sectores políticos no sean del todo ajenos a esta súbita “fiebre por el oro” perfectamente bien orquestada en algunos medios de comunicación pocas semanas después de una interesante decisión tomada por la actual Fiscal General de la República.